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La presidenta del Congreso de Nuevo León, Lorena de la Garza, encabezó una manifestación para exigir al Gobierno del Estado que dé marcha atrás al tarifazo del transporte público, que recientemente subió a 15 pesos por pasaje en las rutas tradicionales, y que podría llegar hasta 21 pesos, según lo anunciado por el Secretario de Movilidad.
La diputada señaló que este incremento fue implementado de manera unilateral por el gobernador Samuel García, sin pasar por los procedimientos legales establecidos, y sin consultar a los órganos correspondientes como el Consejo de Movilidad y la Junta de Gobierno de Movilidad, que tienen la facultad de analizar y aprobar estos ajustes.
De la Garza destacó la sorpresa y el descontento generalizado entre los usuarios, quienes se vieron obligados a enfrentar el aumento de manera inmediata, sin previo aviso ni consulta. La diputada enfatizó que la administración estatal decidió este incremento “por sus pistolas”, haciendo alusión a que el aumento no fue aprobado mediante los canales legales y políticos establecidos, sino de manera arbitraria y sin la debida justificación, cuando el servicio de transporte público sigue siendo deficiente y no ofrece mejoras sustanciales que justifiquen tal alza.
En el marco de la manifestación, Lorena de la Garza anunció que su grupo legislativo comenzaría a recolectar firmas de los usuarios del transporte público que deseen ampararse contra el tarifazo. Según la legisladora, muchas personas que usan el transporte público a diario se han visto afectadas por el aumento, especialmente aquellos que dependen de varias unidades para trasladarse a sus trabajos o a sus hogares.
“Vamos a estar recabando firmas de los usuarios que quieran ampararse en contra de este tarifazo de Samuel, mientras nosotros buscamos proteger a la gente de los efectos de esta alza que, además, no está legalmente fundamentada”, aseguró la diputada.
Crítica al proceso del tarifazo
Lorena de la Garza no solo cuestionó la falta de procesos legales, sino también la forma en que el gobierno de Samuel García ha manejado la comunicación sobre el tema. La diputada criticó la postura del Secretario de Movilidad, quien en una rueda de prensa reciente sugirió que el costo del pasaje podría llegar hasta los 21 pesos.
De la Garza argumentó que, si bien el gobierno estatal ha intentado justificar este incremento, no ha dado respuestas claras sobre cómo se llegó a esa cifra ni sobre qué mejoras se realizarán en el servicio para que los usuarios puedan ver un beneficio directo de tal aumento.
“El Secretario de Movilidad dice que podría subir hasta 21 pesos, como si el servicio estuviera maravilloso y la gente pudiera soportar ese aumento. Eso no tiene sentido. La gente sabe que el servicio sigue siendo deficiente, que las unidades son viejas y muchas veces no están en condiciones óptimas. El gobierno no puede tratar de engañar a la gente como si estuviera justificando un aumento que no tiene razón de ser”, expresó de la Garza, visiblemente molesta por la falta de transparencia y responsabilidad del Ejecutivo estatal en este tema.
Descontento y falta de transparencia en la gestión
A lo largo de la protesta, Lorena de la Garza mostró su frustración con los intentos de la administración estatal por minimizar el descontento popular y por restar importancia al aumento en las tarifas. La diputada denunció que, mientras ella y otros grupos ciudadanos buscaban amparar a los afectados por el tarifazo, los funcionarios de la Secretaría de Movilidad intentaban desacreditar la protesta, negando que el aumento se hubiera implementado de manera ilegal.
“Vienen los cuates de Movilidad a gritar que eso es mentira, como si pudieran engañar a la gente que todos los días se sube al camión y sabe que les están cobrando la tarifa con el aumento. Me pone muy de malas, porque me revienta que le quieran mentir así a la gente. Ellos lo están pagando, y no pueden decir que no”, comentó De la Garza.
La diputada lamentó que, en lugar de escuchar y atender las demandas de los ciudadanos, las autoridades estatales optaran por minimizar las quejas y restar importancia a los problemas reales que enfrenta el sistema de transporte.
“Este tipo de decisiones afectan directamente a la gente que usa el transporte público, especialmente a los más vulnerables, como los estudiantes, los trabajadores y las familias que dependen de este servicio para su día a día. El gobierno no puede seguir dándole la espalda a los problemas reales que enfrenta la ciudadanía”, agregó.
Recolectan firmas para frenar el aumento
La presidenta del Congreso señaló que una de las principales acciones que tomaría su bancada sería la recolección de firmas de los usuarios del transporte público que se vean afectados por el aumento y que quieran presentar un amparo. Según De la Garza, la iniciativa busca proteger a los ciudadanos de un incremento arbitrario que no ha sido debidamente fundamentado ni aprobado por los organismos correspondientes.
“Nosotros estamos aquí para hacer lo que corresponde, y si eso implica presentar un amparo o buscar la forma de revertir esta decisión, lo haremos. Lo que no podemos permitir es que el gobierno siga tomando decisiones sin consultar a la gente ni cumplir con los procesos legales que se requieren. Este aumento no puede seguir adelante sin la debida justificación”, expresó la legisladora.
El movimiento encabezado por De la Garza no solo busca revertir el tarifazo, sino también exigir una mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de las autoridades estatales en cuanto a las decisiones que afectan directamente a los ciudadanos. Según la diputada, es necesario que se establezca un proceso claro y legal para cualquier modificación en las tarifas del transporte público, para garantizar que estas no solo sean justas, sino también acordes con las condiciones reales del servicio.
¿Qué implica el tarifazo para los usuarios?
El tarifazo del transporte público a 15 pesos, y la posibilidad de que llegue hasta 21 pesos en el futuro cercano, representa un golpe económico para miles de usuarios, quienes ya enfrentan dificultades para costear su traslado diario. Muchos de los usuarios, especialmente los que necesitan tomar varias unidades de transporte para llegar a sus destinos, verán incrementados sus gastos en un servicio que, según las críticas, aún no ha mejorado en cuanto a calidad ni eficiencia.
El incremento no solo afecta a los usuarios frecuentes, sino también a aquellos que dependen del transporte público para realizar actividades cotidianas como ir al trabajo, a la escuela o a consultas médicas. De acuerdo con las denuncias de la diputada, el gobierno estatal no ha realizado ninguna inversión significativa en el sistema de transporte público que justifique este tarifazo.
“El aumento es desproporcionado, y el servicio sigue siendo muy deficiente. Es una injusticia para todos aquellos que no tienen más opción que usar el camión para sus traslados”, añadió De la Garza.
