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En un esfuerzo por frenar el aumento de las tarifas del transporte público en Nuevo León, legisladores de los partidos PAN, PRI y PRD han lanzado una campaña para recolectar firmas de los ciudadanos y presentar un amparo colectivo. Este movimiento surge tras la decisión del Gobierno del Estado de elevar la tarifa de los camiones urbanos de 12 a 15 pesos, una medida implementada sin contar con la aprobación legislativa y que ha desatado una ola de críticas tanto de usuarios del transporte como de representantes políticos. La iniciativa busca no solo revertir el incremento, sino también enviar un mensaje de que las decisiones en torno al transporte deben hacerse con una visión integral y en beneficio de la ciudadanía.
La recolección de firmas arrancó esta mañana en la estación Cuauhtémoc del Metro, ubicada en la Avenida Colón, uno de los puntos con mayor flujo de pasajeros en Monterrey. Los diputados instalaron mesas para recabar firmas de los usuarios, quienes expresaron su descontento con el alza de tarifas. La respuesta ha sido significativa, pues los legisladores consideran que esta subida golpea directamente la economía de los habitantes del área metropolitana, quienes dependen diariamente del transporte público para sus actividades.
Respuesta ciudadana contra el aumento
Los diputados que impulsan esta recolección, pertenecientes a la oposición, señalan que el incremento fue aprobado de manera inconsulta y que representa un fuerte impacto para la economía de la población. Argumentan que la falta de una aprobación formal por parte del Congreso convierte esta medida en un “tarifazo” arbitrario. Los legisladores, además, han denunciado que el aumento podría elevarse hasta 21 pesos hacia finales del año si no se toman acciones legales para detenerlo.
Durante la jornada, los usuarios del transporte expresaron su malestar. “Este aumento nos afecta a todos. Yo tomo el camión todos los días para ir al trabajo, y con este aumento mensual me afectará mi presupuesto familiar”, comentó uno de los ciudadanos que firmó el amparo. La campaña busca, precisamente, reflejar esta inconformidad y dar respaldo legal a quienes dependen del transporte público para movilizarse.
Los diputados también explicaron que esta acción no solo responde a una preocupación económica, sino también a un principio de justicia para los ciudadanos. “La tarifa fue incrementada sin pasar por un proceso adecuado y sin considerar el impacto que tendría en la población de menores recursos. No es justo que una decisión tan importante se tome sin consultar a la gente ni al Congreso”, señaló un legislador del PAN.
Campaña de firmas en varios puntos
La estrategia de los diputados no se limitará a la estación Cuauhtémoc. Para lograr una participación significativa, los organizadores de la campaña planean instalar puntos de recolección de firmas en distintos lugares clave del área metropolitana de Monterrey, a lo largo de toda la semana. Esto incluye estaciones de metro, paradas de autobús, plazas comerciales y zonas de alto tráfico peatonal, donde la mayoría de los usuarios del transporte público puedan tener acceso a la iniciativa y agregar su firma.
La expectativa de los legisladores es reunir miles de firmas para respaldar el amparo colectivo que presentarán ante las autoridades judiciales de Nuevo León. Confían en que el apoyo ciudadano fortalecerá su caso y demostrará que el descontento hacia el “tarifazo” es amplio y extendido. En paralelo, los diputados opositores han solicitado al Gobierno del Estado que reconsidere la medida y abra un diálogo para revisar el tema de manera participativa.
La campaña ha generado un notable interés en redes sociales, donde varios ciudadanos han compartido su respaldo a la recolección de firmas y expresado su preocupación por el impacto del aumento. Además, organizaciones civiles y activistas se han sumado a la causa, promoviendo la firma del amparo colectivo como una herramienta para que los ciudadanos hagan escuchar su voz ante lo que consideran un abuso de autoridad en materia de tarifas.
Repercusiones y desafíos del tarifazo
El incremento de la tarifa de camiones en Nuevo León se da en un contexto económico complicado, con un aumento en el costo de vida que afecta especialmente a las familias de bajos ingresos. Para muchos usuarios, el alza representa un gasto significativo en sus presupuestos mensuales, por lo que la medida ha sido calificada de insensible y desconectada de las necesidades reales de la población. A este problema se suman las quejas persistentes sobre la calidad del servicio de transporte público en el estado, ya que los usuarios señalan que el incremento no está acompañado de mejoras visibles en las unidades ni en la seguridad.
Los legisladores han señalado que, además del amparo colectivo, se explorarán otras vías legales y políticas para impedir futuros incrementos sin el aval del Congreso. Entre sus propuestas está la creación de un sistema de consulta ciudadana que permita a los habitantes de Nuevo León opinar sobre los cambios de tarifas en los servicios públicos. Así, argumentan, se fortalecería la transparencia en las decisiones gubernamentales y se evitarían medidas impopulares que afectan directamente a la economía de la ciudadanía.
Los ciudadanos y organizaciones involucradas en la campaña esperan que el Gobierno del Estado responda a esta movilización y considere retractarse del aumento o, al menos, revisar la manera en que se ha implementado. La expectativa de quienes promueven el amparo es que las autoridades judiciales consideren los argumentos presentados y detengan temporalmente el aumento mientras se revisa su legalidad.
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