El personal del DIF de Monterrey entregó ayer cobertores y alimentos a tres adultos mayores que fueron desalojados el pasado jueves de sus viviendas, ubicadas en la Colonia Independencia. Este acto de apoyo responde a la denuncia realizada por los afectados, quienes, según aseguran, fueron forzados a abandonar sus hogares en circunstancias que consideran injustas.
Apoyo inmediato del Municipio de Monterrey
El Ayuntamiento de Monterrey, por instrucciones directas del Alcalde Adrián de la Garza, movilizó un equipo para llevar a los afectados alimentos, cobertores y hasta bastones. Además de los apoyos en especie, se les proporcionó un abogado que los asesorará legalmente en el proceso que han comenzado para tratar de recuperar su vivienda.
El incidente se dio en el contexto de una serie de desalojos que han afectado a varios habitantes de la zona, quienes temen que la situación se repita en el futuro. Alicia Álvarez, Francisco Vázquez y Yolanda Pérez, los tres adultos mayores, han sido residentes de ese sector por más de 50 años. Sus viviendas se encuentran en la calle Privada 16 de Septiembre, una zona ubicada al sur de Monterrey.
Según los relatos de los afectados, sus viviendas fueron tomadas por un hombre identificado como Juan Enrique Garza, quien ha estado involucrado en otros incidentes similares en el mismo vecindario. Este hombre, según las versiones de los adultos mayores, se ha apoderado de otros terrenos y propiedades en la zona, lo que ha generado una creciente preocupación entre los vecinos.
El origen del conflicto
Las tres personas de la tercera edad señalaron que sus viviendas fueron prestadas por un hombre al que conocen como Marco Antonio Chapa Martínez, quien es descrito por los afectados como el propietario original del terreno. Según ellos, la condición de este préstamo era clara: no podían vender el terreno bajo ninguna circunstancia. No obstante, lo que parecía un acuerdo amistoso se convirtió en una fuente de conflicto cuando, de manera sorpresiva, un desconocido los desalojó de la propiedad con la ayuda de policías de Fuerza Civil.
Este desalojo, que tuvo lugar el jueves pasado, dejó a los adultos mayores sin un lugar seguro donde permanecer. Ante la falta de una solución inmediata, se vieron obligados a resguardarse temporalmente en casas de familiares y vecinos cercanos.
Los afectados han señalado su descontento por la forma en que se manejó el desalojo, pidiendo una revisión exhaustiva del caso y una solución legal para poder regresar a sus viviendas. La comunidad local también se ha mostrado preocupada por los posibles abusos de poder y la falta de claridad en los procedimientos legales que rodean este tipo de situaciones.
Exigen justicia y apoyo legal continuo
Ante esta situación, los tres adultos mayores han solicitado que el Municipio de Monterrey mantenga el apoyo legal, a fin de encontrar una solución que les permita regresar a sus viviendas. Además, piden que se haga justicia en el proceso, considerando las denuncias de abuso y de toma ilegal de propiedad que han presentado en su contra.
Las autoridades municipales, por su parte, han respondido afirmando que están comprometidos en brindar el apoyo necesario para resolver el conflicto. Sin embargo, también subrayan que deben seguir los procedimientos legales correspondientes para evitar cualquier tipo de irregularidad.
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Este caso refleja una situación compleja que pone de manifiesto las dificultades que enfrentan muchas personas en Monterrey y otras partes del país cuando se trata de proteger sus derechos sobre la vivienda. La falta de transparencia en los procesos judiciales y la intervención de actores externos que se aprovechan de la situación generan un clima de incertidumbre y desconfianza en la población.
El apoyo legal ofrecido a los afectados es solo un paso hacia la solución, pero los involucrados no están dispuestos a rendirse. Están decididos a que se respete su derecho a la vivienda y a que se castigue a quienes han actuado de manera ilegal.
Este tipo de situaciones no solo afecta a los involucrados directamente, sino que también envía un mensaje claro sobre la vulnerabilidad de muchos ciudadanos frente a abusos de poder en contextos donde los recursos legales y las ayudas gubernamentales pueden ser limitados o difíciles de acceder. El llamado a la justicia sigue siendo el principal reclamo de los afectados y la comunidad en general.
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