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Paco Cienfuegos, Secretario de Enlace Legislativo del comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI presentó una denuncia contra el gobernador de Nuevo León, Samuel García, en un esfuerzo por revertir el incremento en las tarifas del transporte público en el estado.
También buscan que se sancione a otros dos funcionarios estatales: Javier Navarro, Secretario General de Gobierno, y Hernán Villarreal, Secretario de Movilidad.
El PRI considera que el aumento tarifario es un acto arbitrario que afecta a los ciudadanos y ha llevado este caso ante la Fiscalía de Anticorrupción de Nuevo León. Cienfuegos señaló que la Ley de Movilidad Sostenible, en su artículo 30, estipula que el ajuste de tarifas debe ser autorizado por el Comité Técnico correspondiente, lo cual aparentemente no se respetó en este proceso. Esto, según el PRI, podría configurar el delito de ejercicio indebido de funciones, castigado en el artículo 208 del Código Penal con penas de hasta siete años de prisión.
“La ley se debe hacer valer y no puedes con un plumazo dar este aumento al transporte público. Se debe defender el bolsillo de la gente, y estamos seguros de que quienes integren este comité no estarían de acuerdo”, expresó Cienfuegos durante el anuncio de la denuncia.
Acusaciones del PRI para Interponer Denuncia Penal por el Aumento de Tarifa
La denuncia del PRI se sustenta en varias acusaciones puntuales. Primero, consideran que el incremento tarifario carece de aprobación por el organismo competente. La ley especifica que cualquier cambio en el costo del transporte público debe pasar por el filtro del Comité Técnico de Movilidad, una instancia que, según el PRI, no fue consultada en este caso.
- Violación de la Ley de Movilidad Sostenible: La denuncia argumenta que se ignoró el proceso legal estipulado en la Ley de Movilidad Sostenible, que requiere aprobación del Comité Técnico para hacer ajustes de este tipo.
- Delito de ejercicio indebido de funciones: Al saltarse el proceso, la administración de García y sus funcionarios podrían enfrentar cargos por ejercer funciones de manera indebida, según el artículo 208 del Código Penal.
- Impacto a la economía ciudadana: Desde la perspectiva del PRI, este aumento afecta el bolsillo de miles de usuarios que dependen del transporte público en Nuevo León.
Con estos puntos, el PRI busca que la Fiscalía de Anticorrupción examine el caso y determine si existe fundamento para procesar a Samuel García, Navarro y Villarreal por el ajuste en el costo que califican de inadecuado e injusto para la ciudadanía.
Rechazo al Aumento y Afectaciones en la Economía Familiar
Para el PRI, este ajuste de costos representa una amenaza directa al bienestar económico de los ciudadanos de Nuevo León. Al presentar la denuncia, Cienfuegos estuvo acompañado de las diputadas federales Asia Gómez y Anita González, quienes también expresaron su rechazo a la medida y afirmaron que el PRI continuará exigiendo una política de tarifas accesibles. En palabras de Cienfuegos, “se debe defender el bolsillo de la gente” ante lo que consideran una “decisión unilateral” del gobierno estatal.
El impacto económico que supondría el aumento de costos se ha convertido en un tema de debate en la entidad, pues muchas familias dependen diariamente del transporte público para movilizarse. Para el PRI, la medida ha sido tomada sin consideración de las necesidades de los usuarios y podría generar mayor presión financiera sobre quienes ya enfrentan dificultades.
La respuesta del gobierno estatal ante esta denuncia aún es esperada. Sin embargo, los funcionarios implicados, hasta ahora, no han dado una declaración pública al respecto. Este silencio ha generado interrogantes entre los ciudadanos sobre la justificación del aumento y la postura oficial sobre el respeto a los procesos de aprobación de tarifas.
Próximos Pasos en el Proceso Legal
La denuncia será analizada por la Fiscalía de Anticorrupción, que deberá revisar las evidencias presentadas por el PRI y determinar si existen elementos suficientes para abrir un proceso judicial contra los funcionarios. Según el marco legal vigente, de encontrarse responsables, los acusados podrían enfrentar penas de uno a siete años de prisión por el delito de ejercicio indebido de funciones.
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